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El candidato Manuel López Obrador en una de sus reuniones de campana.
Los candidatos a la Presidencia de México chocaron hoy con organizaciones de la sociedad civil por la propuesta de éstas de eliminar la Ley de Seguridad Interior, iniciativa que fue cuestionada por todos los aspirantes al considerar que el ordenamiento brinda certeza a las Fuerzas Armadas.
Más de 350 asociaciones participaron en Ciudad de México en la “Tercera cumbre ciudadana”, donde los candidatos se tuvieron que pronunciar sobre si suscriben o no las 56 propuestas consensuadas por la sociedad civil.
Estas tienen como ejes temáticos desarrollo sostenible, desarrollo participativo, seguridad, justicia, fortalecimiento de la sociedad civil, educación de calidad y derechos humanos.
Todos los aspirantes coincidieron en su rechazo o aprobación con reservas al punto que propone la eliminación de la Ley de Seguridad Interior.
Ésta fue aprobada el pasado año y otorga un marco legal de actuación a los militares, que salieron a las calles para efectuar tareas de seguridad pública durante el Gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012).
“La ley tiene valor”, y aunque es perfectible, supone un “paso adelante” para México, afirmó José Antonio Meade, candidato del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sostuvo que la norma, que ha sido muy cuestionada no solo por asociaciones civiles sino también por organismos internacionales como la ONU, ayuda a que los ciudadanos sepan “qué pueden esperar de las Fuerzas Armadas”.
Ricardo Anaya, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), mencionó en el documento elaborado para la cumbre que está en favor de reformar el sistema de seguridad, pero no de derogar la ley, y en su intervención no abundó en su propuesta.
Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue el gran ausente del evento, aunque también se leyó su valoración sobre las propuestas de la sociedad civil.
El líder izquierdista, favorito en las encuestas, suscribió con reservas la sugerencia de eliminar la ley, dado que “por respeto a la división de poderes” se debe esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación termine por resolver las diferentes demandas interpuestas contra la norma.
El próximo 1 de julio están llamados a las urnas 89 millones de ciudadanos, quienes elegirán unos 3.400 cargos, entre ellos presidente del país, diputados, senadores, gobernadores de ocho estados y jefe de Gobierno de la Ciudad de México. EFE
Sala de Redacción/NewJerseyHispano
Publicado el 01 de Junio 2018
