Sophie Nieto-Munoz |New Jersey Monitor
Cuando en febrero pasado se promulgó un proyecto de ley destinado a ayudar a los trabajadores temporales de Nueva Jersey, Elvira Gómez supuso que las cosas serían diferentes en su trabajo temporal en un almacén que fabrica y empaqueta envases de vidrio.
La ley le brindó una serie de nuevas protecciones, pero le dijo al New Jersey Monitor que la agencia de personal para la que trabaja continúa violando la ley, incluso obligándola a pagar el autobús que le exigen que tome hacia su lugar de trabajo todos los días, además de no proporcionarle un horario de trabajo con antelación.
Duda en presentar una denuncia formal por temor a no estar protegida contra represalias, le dijo al New Jersey Monitor.
“Vi en las noticias que las agencias no nos deben cobrar el transporte, pero ¿qué se supone que debo hacer? tengo que pagar”, dijo en una entrevista traducida del español. “No hay otra forma de hacerlo además de pagar”.
Se han presentado unas 40 quejas ante el Departamento de Trabajo en relación con la ley de trabajadores temporales, según la portavoz del departamento, Angela Delli-Santi. Se están llevando a cabo investigaciones sobre cada caso, por lo que el departamento no puede revelar información sobre quién presentó cada queja o sobre qué agencia está dirigida.
La histórica legislación firmada por el gobernador Phil Murphy otorgó nuevos derechos y protecciones a los 127.000 trabajadores temporales del estado, que trabajan principalmente en almacenamiento y logística. La ley exige que las agencias de empleo informen a los trabajadores con anticipación sobre su lugar y horario de trabajo, exige que los empleadores paguen a los trabajadores temporales lo mismo que a sus contrapartes de tiempo completo e incluye requisitos sobre equipo de protección y descansos.
Los proyectos de reglas que explican cómo se aplicarán partes de la ley deben estar finalizados antes del 21 de agosto. El estado dice que no puede hacer cumplir la ley hasta que las reglas estén aprobadas y entren en pleno efecto.
Delli-Santi dijo que aunque las reglas propuestas “aún no son efectivas y, por lo tanto, aún no son vinculantes, brindan orientación tanto a los trabajadores como a los empleadores”.
“El Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral toma en serio estas preocupaciones y está trabajando arduamente para investigar todas las quejas y garantizar” que la ley se aplique adecuadamente, dijo Delli-Santi.
Make the Road New Jersey, un grupo de defensa de la inmigración y el trabajo con sede en Elizabeth, luchó por la aprobación de la legislación. En una declaración, criticó al estado por su falta de aplicación de la ley para “frenar los tipos de abusos que siguen proliferando un año después de la aprobación de esta ley”.
“Podría parecer razonable suponer que la aprobación de una ley que recibió tanta atención haría que las agencias de empleo temporales cumplan con sus términos en anticipación de las reglas finales y la implementación total, pero para la industria de agencias de empleo temporal de Nueva Jersey, eso parece estar lejos del caso. Las agencias de empleo continúan violando todo tipo de protecciones para los trabajadores e incluso continúan ignorando los requisitos básicos de licencia”, dijo Garrett O’Connor, director de políticas del grupo.
El senador Joe Cryan (D-Union), quien patrocinó el proyecto de ley, señaló que las reglas aún deben aprobarse y dijo que espera un “cumplimiento riguroso”.
“Necesitamos asegurarnos de que la ley sea lo más estricta posible y asegurarnos de que se aplique. Ya sea que requiera legislación revisada o promoción legislativa para asegurar que las leyes que aprobamos se cumplan, lo haremos”, dijo.
El New Jersey Monitor identificó al menos 10 agencias de empleo que operan en Nueva Jersey y que no están registradas en el estado o tienen su registro vencido. Las agencias temporales deben registrarse desde antes de la promulgación de la ley de 2023, pero la ley agregó el requisito de obtener una certificación adicional.
El estado “no está autorizado a emitir esas certificaciones hasta que las regulaciones estén vigentes”, dijo un portavoz de la fiscalía general en un comunicado. La división de asuntos del consumidor del estado, que supervisa partes de la nueva ley, es parte de la Oficina del Procurador General.
Cryan criticó a las agencias de empleo que continúan “actuando como si siempre hubieran estado por encima de cualquier ley”.
“Sienten que si contratan a los cabilderos adecuados por la cantidad adecuada de dinero, podrán hacer lo que quieran. Simplemente no puede ser el caso”, afirmó.
Los activistas quieren que las agencias estatales actúen más rápido
Reynalda Cruz es organizadora del grupo de trabajadores inmigrantes New Labor y ayudó a liderar la larga batalla para la aprobación del proyecto de ley.
Dijo que los defensores del New Labor han presentado alrededor de seis quejas sobre agencias de empleo que emiten cheques sin fondos y no siguen algunos de los requisitos de la ley. Dijo que esperaba que la ley estuviera lista para su aplicación cuando entrara en vigor el verano pasado.
“Como organización y como alguien que protege a los trabajadores, queríamos que la ley entrara en vigor y estuviera lista para el 5 de agosto. Pensábamos que el Departamento de Trabajo estaría listo”, dijo. “Ojalá sucediera antes, pero vamos a seguir presionando hasta que se aplique esta ley”.
Dijo que los mayores problemas que ve tienen que ver con la igualdad salarial y el transporte. Algunas agencias de empleo han hecho ajustes menores en sus operaciones, dijo, pero sospecha que se están absteniendo de hacer cambios más amplios a medida que se desarrolla una demanda que cuestiona la legislación.
La New Jersey Staffing Alliance, la New Jersey Business and Industry Association y la American Staffing Association (grupos que presionaron agresivamente contra el proyecto de ley) están demandando al estado por afirmar que la ley es inconstitucional.
Los funcionarios laborales dijeron que la demanda no juega ningún papel en la implementación de las reglas. La New Jersey Staffing Alliance no respondió a una solicitud de comentarios.
Joseph Niver, abogado especializado en derecho laboral y empleo de Make the Road, dijo que las agencias de empleo que demandan para revocar la ley deberían utilizar el dinero que gastan en honorarios legales para cumplirla.
Cruz dijo que New Labor quiere más presión sobre los funcionarios estatales para acelerar las investigaciones sobre las agencias de empleo que, según el grupo, están violando la ley. Dijo que ha hablado con funcionarios laborales estatales que prometen que sus quejas están siendo investigadas, pero no cree que los casos avancen.
“Creo que en este momento necesitamos más apoyo del departamento de trabajo para que la ley se aplique mejor”, dijo. “Necesitamos el apoyo. Sé que la ley es nueva, por lo que necesita pasar por sus procesos, pero en realidad, necesitan presentarla y comenzar a hacerla cumplir”.
Gómez dijo que no cree que los funcionarios laborales estatales “sepan por lo que estamos pasando”. Contrariamente a los requisitos de la nueva ley, dijo, no sabe cuál es su horario de trabajo, no recibe equipo de protección y se ve obligada a pagar 13 dólares en efectivo por día por un autobús que su agencia de empleo le exige que tome hasta su lugar de trabajo: un autobús, dijo, que no es confiable. Recordó una mañana gélida reciente en la que un trabajador optó por regresar a casa después de esperar horas en el frío.
Pero ella es reacia a quejarse, dijo. Si pelea con un almacén o agencia de empleo, le preocupa no poder encontrar otro trabajo para pagar sus cuentas.
“Todas estas agencias hablan entre sí, por lo que no tenemos otra manera”, dijo. “Pensábamos que la ley tendría un impacto para nosotros”.
Publicado el 14 de Febrero 2024