La gobernadora Sherrill calificó como una gran victoria la decisión del Gobierno federal de no seguir adelante con la propuesta de una prisión en Roxbury

Sala de Redacción | New Jersey Hispano
Nueva Jersey
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y la fiscal general del estado, Jennifer Davenport, anunciaron que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) desistió de su plan de establecer un centro masivo de detención para inmigrantes en el municipio de Roxbury, una decisión que ambas funcionarias calificaron como una importante victoria para las comunidades locales.
“Esta es una gran victoria para el estado y para el municipio de Roxbury”, señalaron Sherrill y Davenport en una declaración conjunta.
“Este nunca fue un asunto partidista, porque el plan para instalar un centro de detención en el almacén de Roxbury siempre fue ilegal. Convertir un depósito diseñado para almacenar paquetes en un centro para detener a miles de personas no solo habría sido inhumano, sino que también habría tenido un impacto devastador para la comunidad y el medio ambiente, sin hacer que Nueva Jersey fuera un lugar más seguro”, afirmaron.
La decisión se produce después de que el estado de Nueva Jersey presentara una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para impedir la conversión de un almacén desocupado ubicado en el 1879 de la Ruta 46, en Roxbury, en un centro de detención para inmigrantes.
El gobierno estatal solicitó a los tribunales una orden judicial para detener el proyecto, argumentando que la propuesta violaba normas ambientales y de planificación.
El mes pasado, ICE informó que no continuará con el proyecto hasta completar una nueva evaluación ambiental exigida por la Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy Act, NEPA), lo que en la práctica detiene el desarrollo de la instalación.
Según los planes presentados inicialmente por las autoridades federales, el centro habría tenido capacidad para albergar hasta 1,500 personas detenidas y emplear aproximadamente a 1,000 trabajadores.
La oposición al proyecto reunió a autoridades estatales, líderes locales y residentes, quienes expresaron preocupación por el impacto que una instalación de esa magnitud tendría sobre el tráfico, el medio ambiente, los servicios públicos y la calidad de vida de la comunidad.
Con el anuncio del DHS, el futuro del proyecto queda suspendido, mientras el estado mantiene su postura de rechazar cualquier iniciativa que considere contraria a la ley o perjudicial para las comunidades de Nueva Jersey.
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