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Informe conjunto propone crear una Oficina del Inspector General, fortalecer la lucha contra los conflictos de interés y destinar más recursos para combatir la corrupción en el gobierno
Sala de Redacción | New Jersey Hispano
Nueva Jersey
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, y la Comisión TRUST dieron a conocer hoy un informe en el que recomiendan nuevas herramientas para ayudar a eliminar la corrupción, promover la transparencia y fortalecer la confianza del público en el gobierno.
El informe —resultado del trabajo de la Comisión TRUST (Transparency and Reliability Uniting to Secure Trust), creada a principios de 2025— aboga por la creación de una Oficina del Inspector General mediante ley dentro del Departamento de Derecho y Seguridad Pública (DLPS, por sus siglas en inglés) del Poder Ejecutivo, el fortalecimiento de los mecanismos para combatir los conflictos de interés en el trabajo gubernamental, la creación de una nueva unidad diseñada para garantizar el cumplimiento de las leyes estatales, reglamentos y directrices por parte de empleados y entidades públicas, así como otras reformas.
“Establecí la Comisión TRUST para reunir a líderes respetados y con una amplia trayectoria en Nueva Jersey, con el fin de ayudarnos a encontrar formas de servir a los residentes y responder a sus inquietudes, porque muchas personas han perdido la fe en su gobierno y creen que este suele actuar en beneficio de los poderosos y privilegiados, contra la voluntad y a expensas de la gente”, afirmó el fiscal general Platkin.
“Sobre la base de los esfuerzos de mi Departamento para erradicar la corrupción y poner fin al cinismo, la desilusión, la desconexión cívica y el daño que esta provoca, los miembros de la Comisión TRUST han elaborado recomendaciones reflexivas y específicas que merecen plena consideración. Me honra que todos a quienes invitamos a participar en la Comisión aceptaran de inmediato aportar su tiempo y experiencia. No puedo agradecerles lo suficiente por su continuo servicio al estado de Nueva Jersey y a sus residentes”, dijo Platkin.
Desde que la Comisión fue conformada, sus miembros —entre los que se incluyen académicos, expertos legales, un exfiscal general del estado, exfiscales federales y jueces jubilados— se han reunido con líderes del DLPS, han recopilado aportes de la Oficina del Contralor Estatal y han llevado a cabo sesiones de escucha en el norte y sur de Nueva Jersey para conocer las inquietudes del público y fundamentar las recomendaciones de la Comisión.
El objetivo de la Comisión fue examinar maneras de mejorar la transparencia, la eficiencia y la integridad en todos los niveles del gobierno. Durante su revisión y las sesiones públicas de escucha, los 11 miembros de la Comisión escucharon una variedad de preocupaciones, incluidas denuncias de presunta corrupción por parte de funcionarios gubernamentales, e identificaron problemas como la falta de conocimiento público sobre los mecanismos disponibles para denunciar actos corruptos.
Con base en sus hallazgos, la Comisión insta a que se aprueben varias reformas, entre ellas un esfuerzo conjunto del DLPS, la Oficina del Gobernador y la Legislatura para combatir la influencia corruptora de los conflictos de interés en todos los niveles del gobierno de Nueva Jersey. La Comisión también recomienda la creación de una Oficina del Inspector General dentro del DLPS, bajo la autoridad del fiscal general, donde puedan remitirse, entre otros asuntos, denuncias sobre conflictos de interés y mala conducta de fiscales.
Asimismo, el informe propone la creación de una Unidad de Cumplimiento dentro del DLPS, el establecimiento de una Comisión de Seguridad de Productos de Consumo en la División de Asuntos del Consumidor, mejoras en el proceso mediante el cual el público puede remitir casos para investigación al Estado, así como otros cambios. Además, los miembros de la Comisión recomiendan asignar más fondos y personal a la Oficina de Integridad Pública y Responsabilidad del Fiscal General (OPIA, por sus siglas en inglés), encargada de investigar y procesar delitos de corrupción pública.
Entre las diversas preocupaciones planteadas por el público durante las sesiones de escucha se encuentra el abuso cometido en hogares grupales para personas con discapacidades, un tema que fue destacado por varios padres de hijos adultos que viven en estos entornos. El informe insta a todos los departamentos estatales involucrados a trabajar de manera conjunta para mejorar la línea directa y el proceso de derivación existentes para denunciar conductas indebidas.
El DLPS, el Departamento de Salud, el Departamento de Servicios Humanos y la División de Niños y Familias han estado reuniéndose para mejorar el sistema de derivación actual y han trabajado en un sitio web más amigable para los usuarios, donde el público pueda encontrar información sobre los recursos disponibles. El objetivo de esta colaboración es garantizar que las denuncias y quejas, independientemente de cómo se presenten, sean atendidas de manera oportuna y adecuada.
Entre otras reformas recomendadas por la Comisión se encuentran las siguientes:
• Establecer una Oficina del Inspector General dentro del Poder Ejecutivo bajo la autoridad del fiscal general.
“El trabajo de la Oficina del Inspector General propuesta ampliaría la capacidad del Departamento para garantizar que el gobierno sea digno del público al que sirve, exigiéndole los más altos estándares y erradicando conductas indebidas incluso cuando no alcanzan el nivel de delito penal. Además de cumplir una función investigativa proactiva, también es la intención de la Comisión que la autoridad del Inspector General, incluida la facultad de emitir informes públicos en ausencia de conducta criminal, sirva como disuasivo de posibles irregularidades y mala conducta”, señala el informe.
“Esto es lo que el público exige y lo que el gobierno debe exigirse a sí mismo. Mejorar la confianza del público en el gobierno requiere acciones significativas y un compromiso firme para eliminar el fraude, el abuso y las actividades poco éticas o ilegales en todos los niveles. Establecer una Oficina del Inspector General por ley dentro del DLPS es un paso necesario para avanzar en esa misión”.
• Nueva legislación destinada a combatir los conflictos de interés en los procesos de licitación y adjudicación de contratos públicos.
“La manipulación indebida de las licitaciones públicas, el autoenriquecimiento y los enormes e injustos beneficios derivados de acuerdos políticos que llenan los bolsillos de los bien conectados son prácticas generalizadas”, afirma el informe. “El público lo percibe y se siente impotente para tomar medidas y detenerlo”.
• La Comisión recomienda que la Legislatura, la División de Justicia Penal (DCJ) y la OPIA elaboren una ley que establezca un nuevo delito que tipifique como crimen la inclusión intencional de información inexacta o engañosa en el proceso de licitación, así como la omisión deliberada de información relevante con la intención de inducir a error o engañar.
• La Legislatura debería promulgar una ley penal en Nueva Jersey similar a la ley federal que criminaliza el hecho de mentir a un funcionario del gobierno.
• Debería crearse una Unidad de Cumplimiento, preferiblemente dentro de la Oficina del Inspector General del fiscal general, para supervisar y reportar el cumplimiento de individuos, agencias y entidades reguladas y supervisadas por el DLPS. Esto incluye, entre otros, a oficiales de policía certificados por la Comisión de Entrenamiento Policial, titulares de licencias de la Comisión de Bebidas Alcohólicas, entidades de juegos de azar y carreras de caballos reguladas por la División de Control del Juego, y profesionales de la salud con licencia. Esta unidad garantizaría que dichas personas y entidades cumplan con las leyes, reglamentos y directrices del fiscal general, y emitiría informes públicos sobre dicho cumplimiento.
• Simplificar el proceso para recibir denuncias de corrupción y referencias de investigación por parte del público, así como mejorar la eficiencia en la respuesta a las personas que presentan dichas denuncias.
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