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El proyecto de ley “Immigrant Trust Act” busca limitar la cooperación con ICE y garantizar el acceso seguro a servicios públicos
Sala de Redacción | New Jersey Hispano
Nueva Jersey
El proyecto de ley conocido como “New Jersey Immigrant Trust Act” (S3672/A4987) representa un esfuerzo legislativo significativo en el estado de Nueva Jersey para reforzar la protección de los derechos de las personas inmigrantes y limitar la cooperación de las agencias estatales y locales con las autoridades federales de inmigración. Aunque el proyecto aún no ha sido aprobado ni convertido en ley, su contenido y objetivos han generado un amplio debate en la esfera pública y política del estado. Por lo tanto es un tema fundamental en la agenda legislativa estatal en 2026.
Introducido en septiembre de 2024 en el Senado estatal y en octubre del mismo año en la Asamblea, el proyecto busca establecer un marco legal claro que impida que organismos estatales, municipales y otras entidades públicas colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) u otras agencias federales de inmigración, salvo bajo circunstancias muy específicas y con respaldo judicial. En concreto, la ley prohibiría que se arreste, detenga o investigue a una persona exclusivamente por su estatus migratorio o la sospecha de este.
La “Immigrant Trust Act” también plantea obligaciones de capacitación y rendición de cuentas. Las entidades públicas deberán formar a su personal sobre las nuevas disposiciones y presentar informes periódicos que detallen cómo están cumpliendo con la ley, cuántas solicitudes de cooperación con inmigración han recibido y cuál ha sido su respuesta.
Este proyecto de ley se construye sobre la base de directrices anteriores emitidas por el fiscal general del estado, como la “Immigrant Trust Directive” de 2018, que limitaba la cooperación entre la policía local y las autoridades migratorias federales. Sin embargo, a diferencia de esas directrices administrativas, la “Immigrant Trust Act” busca tener fuerza de ley, lo que implica una protección más robusta y permanente.
Los defensores del proyecto argumentan que su aprobación es crucial para fortalecer la confianza entre las comunidades inmigrantes y las instituciones gubernamentales. Según organizaciones como la ACLU de Nueva Jersey y New Jersey Alliance for Immigrant Justice, muchas personas en situación migratoria irregular evitan acudir a hospitales, escuelas o denunciar crímenes por miedo a ser reportadas a inmigración. Esta ley, afirman, permitiría que todos los residentes del estado puedan acceder a servicios esenciales sin temor.
Por otro lado, algunos críticos del proyecto han expresado preocupaciones sobre su posible impacto en la seguridad pública y en la relación entre el estado y las autoridades federales. También ha habido debate sobre si ciertas disposiciones pudiesen entrar en conflicto con leyes federales o limitar la capacidad de los gobiernos locales para cooperar en casos de delincuencia grave. Sin embargo, el proyecto especifica que no impide la cooperación en investigaciones criminales siempre que existan órdenes judiciales de por medio.
En el momento de redactar este artículo, la “Immigrant Trust Act” se encuentra aún en comités legislativos tanto en el Senado como en la Asamblea, sin haber sido sometida a votación final ni promulgada como ley. Su avance ha sido lento, y algunos informes indican que existen desacuerdos entre legisladores y asesores legales sobre ciertas implicaciones jurídicas de la propuesta. A pesar de ello, los grupos proinmigrantes continúan presionando para que el proyecto sea aprobado antes del fin del actual periodo legislativo.
La discusión sobre esta ley pone en evidencia los retos que enfrentan los estados al intentar establecer políticas que protejan a las comunidades inmigrantes en un contexto federal complejo. Mientras tanto, el debate en Nueva Jersey podría sentar un precedente importante para otras jurisdicciones que buscan equilibrar la seguridad pública con la defensa de los derechos humanos y la inclusión social.
BENEFICIOS PARA LOS INMIGRANTES
- El proyecto busca establecer un marco legal claro que impida que organismos estatales, municipales y otras entidades públicas colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) u otras agencias federales de inmigración, salvo bajo circunstancias muy específicas y con respaldo judicial. En concreto, la ley prohibiría que se arreste, detenga o investigue a una persona exclusivamente por su estatus migratorio o la sospecha de este.
- Uno de los pilares fundamentales de la propuesta es la protección de la información personal. Las instituciones públicas no podrán recolectar, almacenar ni divulgar datos sobre el estatus migratorio de individuos, a menos que sea estrictamente necesario y autorizado por la ley. Esto incluye agencias como hospitales, escuelas, bibliotecas, refugios, universidades públicas y otras entidades que prestan servicios esenciales a la comunidad.
- La iniciativa contempla que el fiscal general de Nueva Jersey emita directrices y modelos de políticas que garanticen que los llamados “lugares sensibles” (como hospitales, escuelas y centros religiosos) sigan siendo espacios seguros para todas las personas, sin importar su condición migratoria. Estas políticas deberán ser implementadas por las instituciones correspondientes y difundidas en sus plataformas oficiales para asegurar la transparencia y el acceso a la información.
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