Nueva Jersey desafía plan de ICE en Roxbury  

Las autoridades estatales advierten que el proyecto saturaría recursos locales y avanzó sin cumplir requisitos legales federales 

Decenas de manifestantes se oponen al plan de crear una prisión en Roxbury. 

Sala de Redacción | New Jersey Hispano 

Nueva Jersey 

La gobernadora Mikie Sherrill y la fiscal general Jennifer Davenport anunciaron el martes que el estado de Nueva Jersey, junto con el municipio de Roxbury, solicitó a un tribunal federal una orden judicial preliminar para bloquear los planes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de convertir un almacén industrial vacío en un centro masivo de detención de inmigrantes. 

La solicitud de emergencia responde a que el DHS ha indicado que podría iniciar obras en zonas protegidas por una servidumbre estatal a finales de mayo. 

Según las autoridades, el proyecto implicaría un fuerte impacto sobre la infraestructura local, al tratarse de una instalación diseñada para albergar hasta 1,500 detenidos y contar con 1,000 empleados en un área que no está zonificada para una ocupación humana de gran escala. Además, sostienen que DHS e ICE no cumplieron con las leyes federales que obligan a consultar con autoridades estatales y locales ni a evaluar adecuadamente los efectos ambientales y sobre los recursos públicos. 

La moción también señala que un tribunal federal ya determinó que un proyecto similar en Maryland probablemente era ilegal. En este caso, ICE ya invirtió 129 millones de dólares en la compra del almacén en Roxbury, y las autoridades buscan evitar que se destinen más fondos públicos a una iniciativa que, argumentan, probablemente no superará el escrutinio legal. 

“La Administración Trump ha ignorado a los funcionarios estatales y locales al impulsar este plan mal concebido porque sabe que los impactos locales son indefendibles, y esta instalación no hará que la comunidad sea más segura”, afirmó la gobernadora Sherrill.  

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“Estamos defendiendo a los residentes de Nueva Jersey de manera bipartidista para garantizar que su agua potable, su seguridad pública y sus bolsillos estén protegidos”, dijo Sherrill. 

Por su parte, la fiscal general Davenport subrayó la urgencia de la intervención judicial: “Necesitamos una respuesta rápida para asegurar que podamos hacer cumplir la ley y proteger a los residentes de Nueva Jersey. El DHS no puede transformar vecindarios locales en centros de detención sin considerar los impactos sobre los recursos locales ni consultar con el estado y los gobiernos locales. El tribunal debe intervenir antes de que el daño esté hecho, no después de que un proceso prolongado haga que sea demasiado tarde”. 

La demanda, presentada el 20 de marzo, solicita medidas declaratorias y cautelares bajo varias leyes federales, incluyendo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), la Ley de Cooperación Intergubernamental (ICA) y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). 

De acuerdo con la querella, el sitio en cuestión es actualmente un almacén vacío ubicado en la Ruta 46, compuesto principalmente por un gran espacio con pisos de concreto y apenas cuatro baños. 

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EL DATO 

  • El lugar carece de acceso adecuado a sistemas de agua y alcantarillado para soportar una población de hasta 1,500 detenidos y 1,000 empleados de ICE.  
  • La conversión del espacio en un centro de detención multiplicaría la demanda de agua y la producción de aguas residuales en más de 15 veces, lo que, según las autoridades, podría provocar desbordamientos hacia terrenos, calles y cuerpos de agua cercanos, incluido el lago Musconetcong —ubicado a unos 1,000 pies y en pendiente descendente desde el almacén— y el lago Hopatcong, el mayor lago de agua dulce del estado. 
  • Asimismo, el incremento exponencial en la demanda de agua podría reducir la presión y la fiabilidad del suministro para los residentes, afectar la capacidad de respuesta ante incendios, agotar las aguas subterráneas y comprometer los pozos cercanos. 
  • El almacén también se encuentra próximo al cruce de la Ruta 46 con la Interestatal 80, una zona considerada peligrosa que ha registrado decenas de accidentes, incluidos tres fatales desde 2019.  
  • Se prevé que, tras la conversión, unos 1,000 empleados trabajen en el lugar, lo que añadiría cientos de vehículos adicionales a las vías cercanas durante las horas pico. 
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Publicado el 08 de abril del 2026


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