
El estado de Querétaro, es un ejemplo de desarrollo y avance en el sistema de justicia penal de México debido a su colaboración institucional y a su marco legal, aseguró Jeremy Williamme, director de la Oficina de Gobernanza, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (por sus siglas en inglés, USAID México).
De acuerdo con el estudio Hallazgos 2019, elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas A.C México Evalúa, y USAID, Querétaro se encuentra muy por encima del promedio nacional en la lista de seguimiento y evaluación de justicia penal en México.
En ese sentido, la entidad gobernada por Francisco Domínguez Servién, se ubica en el primer lugar del ranking nacional en el Índice de Coordinación Estatal, con un porcentaje de 100 por ciento, mientras que el promedio nacional es de 51.9.
Modelo Cosmos
Al respecto, Jeremy Williamme señaló que desde hace dos años, conoció el Modelo de Gestión Cosmos, que se ha implementado en Querétaro, por lo que logró identificar prácticas como la colaboración institucional y la sostenibilidad del modelo mediante un marco legal.
“Lo interesante de Querétaro son dos cosas: uno es la colaboración institucional como en el trabajo día a día, desde la policía que está en la calle tomando una denuncia hasta los ministerios públicos que están investigando (…) pero en Querétaro hay algo más allá, que es el marco legal (…) es muy importante cuando los actores principales en un periodo de tiempo están trabajando juntos, en Querétaro a través de estas reformas legales podría ser un ejemplo de sostenibilidad”, aseguró.
La Ley Cosmos, creada por la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro, entró en vigor el 3 de octubre de 2018, y tiene por objetivo evaluar el sistema de justicia penal de la entidad.
La comisión encargada de esta labor, está constituida por el gobernador del Estado, los poderes Legislativo y Judicial, el fiscal General del Estado; el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado; así como el secretario de Gobierno; el secretario de Seguridad Ciudadana, y el presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Publicado 24 de Noviembre 2020
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