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La propuesta busca garantizar que los residentes accedan a servicios básicos sin miedo a detenciones migratorias
Sala de Redacción | New Jersey Hispano
Nueva Jersey
La legislatura de la ciudad de Nueva Jersey avanza con el proyecto A4987/S3672, conocido como Ley de Confianza para Inmigrantes, una propuesta que podría modificar de manera significativa la manera en que el estado coopera con las autoridades migratorias federales. Presentada en 2024 y aún en discusión durante 2025, la norma busca establecer límites claros para evitar que agencias locales participen en acciones relacionadas con procesos migratorios que dependen exclusivamente del Gobierno de Estados Unidos.
Su objetivo principal es impedir que la población, especialmente quienes provienen del extranjero, deje de solicitar servicios públicos por temor a que su información llegue a manos de entidades federales.
La iniciativa plantea separar las responsabilidades de las agencias estatales y municipales de cualquier acción que involucre la aplicación de leyes migratorias civiles. Entre los puntos más importantes se encuentran:
- Prohibición de firmar o mantener acuerdos como el programa 287(g), que permite a policías locales actuar como agentes migratorios.
- Restricción para detener, interrogar o retener a personas por su estatus migratorio, ciudadanía o cualquier dato similar.
- Impedimento de prolongar detenciones basadas únicamente en solicitudes emitidas por instituciones federales.
- Límites estrictos en la recolección de información, como lugar de nacimiento, número de seguro social o datos de ciudadanía.
- Estos solo podrán ser solicitados si son indispensables para determinar el acceso a un programa estatal.
- Prohibición de divulgar información migratoria en poder de entidades locales, con excepciones específicas para procesos electorales que exijan verificar la ciudadanía de candidatos.
La propuesta también especifica que estos datos no estarán disponibles bajo la Ley de Registros Públicos del estado.
El documento establece que ciertos espacios deben considerarse ubicaciones sensibles, donde las personas puedan acceder sin temor a interacción con autoridades federales. Estos incluyen:
- Centros de salud
- Bibliotecas públicas
- Instituciones educativas
- Refugios y albergues para víctimas de violencia doméstica
El fiscal general deberá crear políticas modelo para garantizar que estos espacios funcionen como zonas seguras, sin recopilación innecesaria de información migratoria y sin permitir acciones de detención en áreas que no estén abiertas al público.
La intención detrás de estas medidas es clara: evitar que los residentes se alejen de servicios esenciales por miedo a que sus datos puedan ser usados en su contra.
